Actualidad - Castro Urdiales. Finaliza la instrucción del caso de las diligencias previas 248/2008, en las que
se imputan delitos de prevaricación administrativa al ex-alcalde Fernando
Muguruza por el alquiler de unas naves para el servicio de Bomberos en el año
2005, y al ex-teniente de alcalde José Miguel Rodríguez López un delito de
prevaricación administrativa en concurso con un delito de tráfico de influencias
por el mismo motivo.
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| Foto: Punto Radio Castro |
El magistrado del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales ha
decretado la apertura de Juicio Oral. Se requiere fianza a los acusados por
importe de 142.400 euros en el plazo de un día para asegurar las
responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse.
El Ministerio
Fiscal ha presentado escrito de acusación calificando provisionalmente los
hechos imputados a ambos como un delito de prevaricación administrativa
continuada y tráfico de influencias, solicitando que se les imponga a cada uno
la pena de un año de prisión, multa de 106.800 euros e inhabilitación especial
para el ejercicio de empleo o cargo público por período de 9 años.
La
Acusación Popular califica provisionalmente los hechos como dos delitos de
prevaricación administrativa respecto a Fernando Muguruza solicitando la pena de
14 años y 9 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo
público, y para José Miguel Rodríguez un delito de prevaricación administrativa
en concurso con un delito tráfico de influencias respecto a José Miguel
Rodríguez, para el que pide la pena de 1 año de prisión y 7 años de
inhabilitación especial para empleo y cargo público y la suspensión de empleo o
cargo público durante tres años.
El Ayuntamiento de Castro Urdiales, en
su condición de perjudicado, ha presentado escrito de acusación,
calificando provisionalmente los hechos como dos delitos de prevaricación
administrativa contra Fernando Muguruza solicitando la pena de 7 años de
inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por cada
delito de prevaricación del que se le acusa; y prevaricación administrativa en
concurso con un delito tráfico de influencias respecto a José Miguel Rodríguez,
al que se pide la pena de 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de
empleo o cargo público por el delito de prevaricación y la pena de 2 años de
prisión, multa de 106.800 euros y 6 años de inhabilitación especial para empleo
y cargo público por el delito de tráfico de influencias.
En los
fundamentos de derecho, el auto reconoce que "no sólo se han apreciado indicios
de vulnerar conscientemente la legalidad sino también de buscar la impunidad de
dicha actuación mediante la creación de expedientes de contratación a medida del
adjudicatario previa presión al responsable del departamento de contratación y
buscar así un cumplimiento aparente de la legalidad".
Contra este Auto no
cabe recurso, y se determina que el órgano jurisdiccional competente para el
juicio oral serán los Juzgados de lo penal de Santander.
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