Actualidad. En el día de ayer, la promotora Inmobiliaria Izarra SL presentó ante la Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria una querella
criminal contra el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro
Urdiales, Luis Acayro Sánchez, como presunto autor de un delito de
prevaricación, "al haber pretendido influir en un procedimiento contencioso
administrativo”, en concreto, el tramitado en el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de Santander, que concluyó con sentencia firme de fecha
7 de enero de 2013 favorable a la promotora, que reconocía el derecho de
Inmobiliaria Izarra a obtener Licencia de Obra para la construcción de 18
viviendas y garajes en la parcela 25 del APD-2 de Cotolino.
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| Foto: Punto Radio Castro |
En un plazo
aproximado de dos semanas, el tribunal decidirá si la querella se admite a
trámite y se abre un procedimiento judicial contra el magistrado.
En un
amplio escrito elaborado por los servicios jurídicos de Inmobiliaria Izarra,
encabezados por el letrado Juan Puig de la Bellacasa, la querellante califica
jurídicamente los hechos como de presunta 'prevaricación' tipificada en el
artículo 446.3 del Código Penal, que “castiga al juez que, a sabiendas, dictare
sentencia o resolución injusta con la pena de multa de 12 a 24 meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años”,
lo que supondría, en caso de prosperar, el apartamiento del magistrado de la
carrera judicial por ese período.
La querella se basa en que el juez Luis
Acayro Sánchez “ha pretendido influir en un procedimiento contencioso
administrativo, remitiendo una documentación obrante en el procedimiento penal
de interés para el Ayuntamiento de Castro Urdiales, en concreto un dictamen
pericial no pedido por nadie en el procedimiento administrativo”.
Según
expone el texto de la querella, “de forma absolutamente sorprendente, el Juzgado
nº 2 de Castro remitió por dos veces un oficio al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que tramitaba el procedimiento, aportando una
documentación que, según este último, no formaba parte del expediente para la
concesión de licencias, por lo que no se incorporó a la causa y fue devuelto
ambas veces al juzgado castreño desde el tribunal
santanderino”.
Inmobiliaria Izarra fundamenta los indicios de delito
cometido por Luis Acayro Sánchez en que “el juez que prevarica, abusa de su
condición, de la potestad jurisdiccional que le ha sido concedida, y eso es
básicamente lo que se sanciona con este delito, con independencia del beneficio
propio o del perjuicio ajeno que produzca su consulta”. Para ello aporta
abundante jurisprudencia, entre otros, del Tribunal Supremo.
Según el
letrado de la constructora, “en la conducta del juez Acayro Sánchez concurren
tres elementos típicos del delito de prevaricación: la pretensión de influir en
un procedimiento administrativo mediante la remisión injustificada de documentos
e informes periciales; la injerencia inadmisible, improcedente y contraria a
derecho en un proceso judicial que excede su competencia; y la constancia que
existe de que el magistrado sabía que carecía de esa competencia, y a pesar de
ello envía por dos veces documentación al procedimiento
contencioso-administrativo”.
Concluye la querella presentada por Jon
Loroño indicando que “hay datos que refuerzan la creencia de un comportamiento
doloso del querellado, el juez Luis Acayro Sánchez, entre ellos la actuación
coordinada con el Ayuntamiento de Castro Urdiales, al presentar este último un
escrito en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander acompañando
el oficio del Juzgado número 2 de Castro, que incorporaba un informe pericial
que no había solicitado ninguna de las partes, ni siquiera el propio
Ayuntamiento, y con el que se pretendía acreditar la ilegalidad de las licencias
concedidas en el APD-2 y la imposibilidad de conceder nuevas licencias
urbanísticas".
Como indicábamos, en unas dos semanas se conocerá si el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admite a trámite la querella
criminal.
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